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jueves, 27 de diciembre de 2012

La ley de medios esconde un autoritarismo provinciano

Al convertirse en una norma aplicable a la realidad del universo mediático, la polémica ley de medios exhibe su llamativa desnudez. Se trata de una ley en cuyo nombre los discursos ocuparon el apabullante espacio del progresismo sin oposición a la vista: parecían referirse a un dogma de fe, a un avance que iluminaba el camino de otras naciones en busca de su libertad. Y de pronto ese futuro delata su identificación con el peor pasado, el de las dictaduras estatales que aplastaban las opiniones de los que no aplaudían, de los que se animaban a disentir.
El objetivo repetido hasta el hartazgo es multiplicar las voces, pero el resultado a la vista es la uniformidad del pensamiento a partir de la imposición del Estado. Una ley que surge de teóricos que entienden que detrás de todo poder económico se encuentra el mal -sobre todo si se trata de los poderes que opinan- muestra marcada vocación de asociación con aquellos que callan. Así, el Estado viene a demoler supuestas corporaciones y monopolios, a utilizar la democracia como excusa para acallar a todo adversario al que el Gobierno, en su fanatismo, reduce al lugar de enemigo. Se trata de un simple y remanido estatismo que se autoasigna el lugar de la libertad.

Durante mi gestión en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) otorgamos alrededor de 2500 licencias de radios de corto alcance a todo lo ancho y largo del territorio nacional, utilizando el sentido común y la voluntad política de hacer efectiva la pluralidad de voces y, lo que es importante señalar, sin contar en ese tiempo con la progresista ley de medios, ya que no era necesaria para asumir que donde hay espacio en el espectro hay derechos a ocuparlos con un medio.
Paradójicamente, mis sucesores en el cargo, desde Gabriel Mariotto hasta Martín Sabbatella, han continuado otorgando licencias de radio en trámites iniciados durante mi gestión, bajo la normativa de la ley 22.285. Durante estos últimos tres años no sólo no han entregado aún licencias audiovisuales con la nueva ley, sino que han dejado sin efecto los concursos para la TV digital que habían sido convocados con un dudoso criterio de "pluralidad", a la luz del altísimo costo de los pliegos. Es decir, la pluralidad de voces se ha venido haciendo realidad aplicando la normativa anterior.
La ley surge del resentimiento de muchos que imaginan que sus propias opiniones son más valiosas que las de quienes, desde los medios, confrontan con sus ideas
Visité personalmente comunidades de pueblos originarios para ayudarlos en el desarrollo de sus propias radios. Jamás se me hubiera ocurrido que esa gestión requiriera del sustento de una ley. Por la dimensión de esas comunidades, las cosas se resuelven con unidades de corto alcance.
Cuando asumimos me tocó ocuparme del canal 10 de Tucumán; había sido otorgado a la Universidad, que lo había convertido en privado cuando no tenía derecho a hacerlo, como ocurrió con otros medios en manos del Estado o entidades sin fines de lucro que, al perder su audiencia, dejaban de generar interés en su explotación. Por eso, crear una cantidad de medios oficialistas sin que tengan relación con la audiencia implica destinar recursos, que tanto nos faltan para urgencias concretas, a tareas que sólo satisfacen las necesidades del oficialismo de turno.
La ley surge del resentimiento de muchos que imaginan que sus propias opiniones son más valiosas que las de quienes, desde los medios, confrontan con sus ideas. Así se crean cantidad de medios oficiales, y así se ha producido la conversión a la religión oficial de Canal 9 y Crónica TV, C5N, para no mencionar la neutralidad apolítica de Canal 11. Y otro tanto sucede en el mundo de las radios.
El oficialismo ataca por medio del Estado y sus amigos del mundo privado, beneficia voces amigas con pautas publicitarias y otras caricias, mientras persigue a los díscolos con todas las armas a su alcance. Y mantiene licencia única para las Telefónicas y Direct TV, obligando a los cables a tener una licencia por cada servicio. Una forma de discriminar y poder seleccionar enemigos
Vemos una pulseada entre el Estado y el ámbito privado, en la que los funcionarios se atribuyen la representación de los humildes sólo como consecuencia del resultado electoral
Entre el Estado y los privados apareció de pronto la Universidad, y la propuesta surgió alejada de toda experiencia en el tema, como no fuera cierto conocimiento teórico habitualmente alejado de las redacciones y las salas de edición. Es innegable que el peso del Grupo Clarín era demasiado para el resto de los competidores; escuché durante mi gestión expresiones en este sentido. Lo absurdo es el desarrollo de semejante ley para imponer los límites necesarios. Es cierto que el Gobierno tenía los votos, tanto como que Clarín tenía una parte importante del negocio audiovisual que se reflejaba, también, en una porción de la audiencia. Y al margen de las virtudes y defectos del supuesto destinatario, no podemos negar que la audiencia merece respeto como tal y no en cuanto potencial masa de votantes; la ley se olvida de ella en lo que se refiere a su libertad para elegir la programación; salvo que nos creamos con el derecho de enseñarle a la gente a pensar, con el fin de que nos vote.
Y aquí vemos una pulseada entre el Estado y el ámbito privado, en la que los funcionarios se atribuyen la representación de los humildes sólo como consecuencia del resultado electoral. Y luego intentan continuar su lucha a través de la Justicia, como si el 54% de los votos les asignara el ciento por ciento del poder. Todo el que no los obedece pertenece al espacio de las tinieblas, monopolios y corporaciones, derechas y representantes extranjeros.
La ley de medios no vino a democratizar el espectro. Vino a imponer el peso del Estado sobre el resto del poder privado, sobre la misma sociedad. Detrás de ella hay un complejo acercamiento de fanatismos, un autoritarismo provinciano que se encuentra con sectores de viejas izquierdas y grupos intelectuales para engendrar una rara trama donde el Gobierno ofrece sus espacios rentados y las lealtades justifican, siempre a posteriori, las ocurrencias del oficialismo.
En definitiva, la ley de medios vino a expandir el espacio rentado de los oficialismos, a forjar costosos espacios radiales y televisivos donde los aplaudidores se expresan a su gusto, sin temer el riesgo de escucharse a sí mismos, con un organismo, la Afsca, que va creciendo de gestión en gestión al sólo efecto de poder controlar los contenidos y someter administrativa, comercial y financieramente al tercio privado de emisoras que no se encolumna con la cadena oficial de medios.
El dinero es del Estado, los costos son un detalle y las audiencias, un problema de las corporaciones. El oficialismo no necesita de alguien que lo escuche, pero sí quiere que no sean escuchados sus opositores.
Tenemos una ley de medios que en su ejecución se asemeja al conflicto con la Justicia: de un lado, un gobierno que intenta imponer su autoritarismo con pretensiones de ideología; del otro, una sociedad que se defiende y no está dispuesta a dejarse doblegar.
Al final del túnel se encuentra la verdadera luz de la democracia. Vale la pena forjar en este tiempo una alternativa digna que nos permita recuperar el orgullo nacional.


viernes, 7 de diciembre de 2012

La Justicia Argentina amplió la medida cautelar de Clarín y frustró los planes para el 7D

La Cámara Civil y Comercial sostuvo que no se puede obligar al grupo a desinvertir, al menos, "hasta que se dicte sentencia definitiva"; rechazó además todas las nuevas recusaciones del Gobierno y denunció "conductas reñidas con la buena fe"
En una decisión que conmocionó al Gobierno, la Cámara Civil y Comercial Federal extendió ayer la medida cautelar que protege al Grupo Clarín y le impidió así al Poder Ejecutivo obligarlo a desinvertir de inmediato.

Faltaban sólo horas para el 7-D cuando la Casa Rosada recibió la noticia que temía. Clarín no podrá ser obligado a desprenderse de licencias, al menos, "hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa", declaró la Cámara. Es decir que la ley de medios, en lo que afecta a las licencias de Clarín, queda suspendida por lo menos hasta que el juez de primera instancia Alfonso resuelva el pedido del grupo de declarar inconstitucionales dos de sus artículos.

El fallo de ayer lo firmaron dos camaristas, hasta ahora casi desconocidos fuera del mundo de los tribunales, a quienes el Gobierno había intentado apartar del caso: Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, denunciado además ante la justicia penal por supuestas "dádivas" de Clarín.

Ellos sostuvieron que el levantamiento de la cautelar "causaría un perjuicio irreparable" para el multimedios en este momento, que juzgaron "crítico", porque -sostuvieron- la sentencia de primera instancia está casi en condiciones de ser dictada. Pero, además, le advirtieron al Gobierno que desconocer los efectos de la medida cautelar podría ser considerado por el tribunal "como desobediencia", y llamaron la atención de una de sus abogadas por "conductas reñidas con la buena fe".

El párrafo central del fallo dice: "Corresponde admitir lo solicitado prorrogando la vigencia de la medida cautelar hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo que habrá de recaer en los autos principales".

Para llegar a esta resolución, los camaristas deliberaron todo el día. La decisión de darle la razón a Clarín ya estaba tomada, pero no tenían definido hasta cuándo extender la cautelar; si hasta la sentencia, como lo hicieron, o por un plazo determinado, que hubiera podido resultar menor, relató un funcionario que conoció de cerca los entretelones de la jornada.

Cautela r

viernes, 2 de noviembre de 2012

La Ley de Medios debe garantizar la pluralidad de voces y no controlar los contenidos


Es nuestra obligación advertir que el Gobierno, dejando de lado el equilibrio y la independencia que debe existir entre los poderes del Estado, prefiere -cual jugador cegado por la ambición y el ánimo de ganar a toda costa- patear el tablero y quedarse con todas las fichas para así jugar solo y avanzar sobre todas las posiciones posibles. Aún sobre las que institucionalmente no le corresponde.

El periodismo está en riesgo. Su esencia es indagar los hechos en busca de la verdad. Su función es tener un enfoque crítico. Y esto siempre incomoda al poder de turno.

La libertad de pensar distinto y de poder expresar las opiniones divergentes en los medios de comunicación también están en riesgo.

Como bien señalara Albert Camus, "un periódico libre se mide tanto por lo que dice como por lo que no dice. Esta libertad negativa es, por lejos, la más importante de todas, si uno sabe mantenerla. Porque prepara la llegada de la verdadera libertad. En consecuencia, un periódico independiente da el origen de su información; ayuda al público a evaluarla; repudia las falsas propagandas; suprime las injurias; mitiga, mediante comentarios, la uniformidad de las noticias y, en suma, sirve a la verdad en la medida humana de sus fuerzas. Esta medida, por más relativa que sea, le permite al menos rechazar lo que ninguna fuerza en el mundo podría hacerle aceptar: servir a la mentira".

El ejercicio del periodismo refleja y estimula el pensamiento plural de una sociedad. Cada medio periodístico tiene su forma de mostrar los hechos en un contexto marcado por su línea editorial.
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Entendemos que es necesaria una ley de medios de comunicación. Pero como viene sucediendo en otros aspectos medulares y emblemáticos del país, en la elaboración de las nuevas normas se produce un notable divorcio entre los objetivos declamados, las formas arbitrarias de aplicación y los resultados finales.

Es evidente que, a tres años de su promulgación, esta nueva ley, lejos de haber generando diversidad y una regulación federal y plural, sólo abrió la puerta a la discrecionalidad, a la presión mediante amenazas y ataques sobre la tarea de los periodistas y de los medios y a la concentración del aparato propagandístico oficial.

Lo que anima al Gobierno no es la pluralidad de voces, sino el control de contenidos con comisarios políticos.

Algunos medios, entre ellos Clarín, han entendido que la aplicación de la ley de medios afecta sus derechos y es legítimo que hayan concurrido a la justicia para resolver la controversia. Deben ser los jueces probos quienes, con libertad, independencia de criterio y ajustándose a derecho, logren dirimir estas cuestiones ponderando todos los intereses en juego.

En este contexto los expertos en derecho constitucional indican que hay tres escenarios posibles respecto a lo que podría ocurrir el próximo 7 de diciembre: que antes de la fecha se dicte sentencia definitiva sobre el juicio de fondo; que se renueve la medida cautelar vigente en tanto y en cuanto existan nuevos elementos que la justifiquen o que se ordene el levantamiento de la cautelar que protege a Clarín y comience a contabilizarse el año que la ley prevé como plazo para que la empresa venda o negocie los medios que no se adecuan a los términos legales.

La aplicación de la ley de medios no afecta los intereses de la empresa que edita este diario. Pero no por ello debemos dejar de señalar que la implementación de algunas de sus disposiciones constituye un quiebre en el legitimo proceso de gestión de la libertad de expresión, la cual opera como un reaseguro para el disfrute de otros derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Contra el abuso de poder, nuestros lectores y la sociedad sólo pueden esperar que desde El Cronista Comercial continuemos haciendo lo que sabemos hacer: ejercer más y mejor periodismo. Con libertad y la responsabilidad indelegable de reconocer y asumir los eventuales errores.

Siempre con el objetivo de ofrecer una visión más completa, acabada y diversa de los hechos. Como hace 104 años.

  

domingo, 14 de octubre de 2012

JULIO ALAK: No sea TIRANO (Comunicado de la FUA)

 

Art. 109 – Constitución Nacional 
"En ningún caso el presidente de la Nación puede  ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas."

   Mediante este comunicado hacemos público nuestro rechazo a los dichos del Ministro de Justicia de la Nación Sr. Julio Alak. Consideramos que un funcionario de ese calibre no puede y no debe tergiversar la realidad y obviar de los mecanismos institucionales consagrados en nuestra Constitución Nacional como así también en las leyes dictadas en su consecuencia. 

      Desde la Federación Universitaria Argentina, el mayor espacio de representación de los estudiantes de las Universidades publicas del país, (estando comprendido entre estos los estudiantes de las Facultades de Derecho), y estando reunidos más de 2000 estudiantes de todo el país en el IX Congreso Nacional de Derecho, realizado en Rosario, expresamos el repudio a los hechos suscitados en razón de la designación del magistrado que ha de cubrir la vacante producida en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1, juzgado sobre el que recae la decisión sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

      Creemos que la actitud del gobierno busca conseguir un juez, y una sentencia, no así afianzar la justicia. Han realizado maniobras ajenas al Estado de Derecho, lesivas de los principios republicanos que orientan nuestra Democracia, y contrarias al equilibrio de poderes, basamento fundamental de esta. Recusaron un miembro del Consejo de la Magistratura violentando claramente las normas constitucionales, ejercieron presión para obligar a un juez a renunciar, y ahora pretenden recusar al juez que le va a suceder. 

      Parecería que esta secuencia acabará cuando aparezca un juez "amigo". No podemos permitir el total avasallamiento de nuestras instituciones, que no están al servicio de un gobierno, sino de la democracia y el pueblo.

       El Poder Judicial debe ser independiente, es el último bastión de la libertad, si permitimos que el Poder de Turno se erija como Juez y Parte, entonces estaremos más cerca de la Tiranía, y mas lejos de la Democracia.


Federación Universitaria Argentina

Fuente: https://www.facebook.com/FederacionUniversitariaArgentina

miércoles, 10 de octubre de 2012

Ley de medios (….una ley para limitar a la democracia…) / por Julio Bárbaro **


Una ley (26.522) forjada contra el supuesto monopolio privado que culmina en monopolio estatal.

Sirvió para profundizar la división de la sociedad. Hay una cadena de medios oficialista y otra opositora. En la oficialista agreden y cuestionan a los que opinan distinto. Transitan la bajeza con la excusa de la revolución. Canal 9 y Radio Continental siguen siendo extranjeros. Cristóbal López compra Radio Diez cuando le la ley lo prohíbe. Canal 9, Crónica TV y C5N pasan al campo oficialista sin que la ley se dé por enterada.
El servicio complementario, mediante la licencia de TV por cable, ingresa a la ley solo para agredir a Clarín. Una licencia de Telefónica o Direct TV abarca todo el país, mientras que al cable se lo limita a 24 ciudades. La Presidenta habla en cadena nacional y en exceso, y le molesta la democracia, a la que se refiere como "la cadena del desánimo". Una ley de medios que ni respeta a la Justicia. La excusa era terminar con los monopolios, pero el objetivo es acallar a la disidencia. Es una ley para limitar a la democracia.
Estatismo en los medios de comunicación con liberalismo sin límites en las tragamonedas y la hotelería del Calafate, no suena a progresismo, solo a autoritarismo de derechas. La ley confunde micrófonos con audiencias, cada medio que cae en manos del Estado comienza a espantar a sus seguidores. Y no respeta al pueblo, al que nunca manejaron los medios. Los resultados están a la vista, el Estado y sus aplaudidores avanzaron, los medios libres fueron cayendo en la batalla.
El autoritarismo no tiene ideologías, solo las usa para justificarse.

** Ex interventor del COMFER